Desgarrador, como todos, el testimonio de María Isabel Covaleda, la víctima conocida más reciente de violencia de género en el país, que hace un par de semanas tuvo la valentía de denunciar públicamente a su ex pareja y agresor, por golpearla brutalmente.

Ella lamentablemente es otra de tantas mujeres colombianas que sufren a diario maltrato intrafamiliar. Según cifras del Instituto de Medicina Legal, el año pasado en Colombia se registraron 47.248 casos de violencia de pareja, y en lo que va corrido de este 2016, más de 25.000 mujeres han sido agredidas por sus compañeros sentimentales.

Estas estadísticas aterran si tenemos en cuenta el gran sub registro que hay en el país frente a este tipo de violencia, debido al gran temor que existe a denunciar. Temor que, en realidad, en la mayoría de los casos, es pánico. Pavor de las víctimas a la siguiente reacción de su agresor, miedo al rechazo de sus familias, a enfrentarse al escarnio público, a pasar la vergüenza de contar que les pegan, miedo a quedarse solas, miedo, miedo, miedo…


Precisamente por eso, porque una mujer víctima de violencia intrafamiliar es una presa del miedo, que sin recibir ayuda externa jamás podrá salir de ese círculo espantoso, es que resulta aún más aterradora, e indignante la indolencia e inoperancia de las autoridades y funcionarios de la justicia para atender estos casos.

María Isabel, que tuvo la valentía de pedir a la Policía - aún con su rostro bañado en sangre- que la llevaran a denunciar al monstruo de su ex novio, Camilo Sanclemente, ante una Unidad de Reacción Inmediata, URI, (qué ironía el nombre), de la Fiscalía, fue trasladada en el mismo carro y al mismo salón con su agresor, y sometida a una larga espera mientras la atendían, tiempo en el cual su victimario tuvo oportunidad de seguir amenazándola por horas.

¡Qué injusticia!, qué tristeza la sensación de desprotección que deja este amargo episodio. Qué mal mensaje el que envía a la sociedad y a la población femenina la forma en que se atendió esta denuncia.

Solo demuestra que la Ley 1257 sobre no violencias contra las mujeres que con tanto bombo se lanzó hace ocho años, para dictar normas de “sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia contra las mujeres” se ha quedado en el papel.

En el momento que escribo esta columna, María Isabel espera aún que le asignen un fiscal para ampliar su denuncia mientras su agresor está libre. ¿De qué sirve acudir a la autoridad? ¿Para qué exponerse a denunciar si no va a encontrar el debido respaldo en las instituciones? ¿Si ya está siendo maltratada para qué someterse a otro escenario donde se va a recibir más mal trato? Estas son algunas de las preguntas que pueden plantearse hoy y con razón, las víctimas de este flagelo.

Tal vez las heridas físicas de María Isabel ya le sanaron, pero el daño emocional sigue ahí y el miedo no la abandonará por mucho tiempo. Lo sé porque hace nueve meses viví en mi familia la misma tragedia y aún hoy mi hermana trabaja en fortalecerse y por vencer el miedo.


Urge entonces mejorar los procedimientos y sobretodo, sensibilizar a los funcionarios; agilizar la aplicación de la Ley y hasta reformarla, porque tiene vacíos tan graves como no contemplar que la violencia intrafamiliar también se da en relaciones de noviazgo. Todo, para que valga la pena seguir denunciando y no callar. El silencio en este caso es el mejor cómplice para que este terrible delito siga creciendo.