Lamentable para muchos la decisión del Gobierno de objetar la llamada “ley Sandra Ceballos” que pretendía brindar atención integral a los miles de pacientes con cáncer del país. El texto aprobado por el Congreso el pasado 10 de diciembre llegó para los enfermos y sus familiares como un auténtico regalo de navidad, pero la dicha les duró muy poco al conocerse en días pasados la determinación del Ejecutivo de no sancionarla.

Los argumentos para objetarla se basan en que según la Secretaría Jurídica de la Presidencia, implementar la ley generaría un alto impacto fiscal en el país y fomentaría la desigualdad con pacientes que padecen otras enfermedades. Pero lo cierto es que las cifras de enfermos por cáncer en Colombia no son nada despreciables, son crecientes y alarmantes. Las estadísticas hablan de más de 28 mil nuevos casos diagnosticados el último año, y más de 21 mil muertes por esta enfermedad el año pasado. Entre ellas, la de la representante Sandra Ceballos quien perdió su batalla contra el cáncer de seno en el mes de septiembre.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2005 murieron por cáncer en el mundo, 7.6 millones de personas, el 13% de todas las defunciones en el globo. Esto corresponde a más de 19.000 muertes diarias, es decir, unas 800 personas cada hora. Y lo que es peor, la entidad estima que de no tomarse medidas urgentes, entre 2005 y 2015, morirán 84 millones de personas más.

Esas eran precisamente las medidas urgentes que pretendía la congresista Sandra Ceballos, se adoptaran en el país con la ley objetada. Una ley, que entre otras muchas cosas, buscaba que la atención del cáncer en Colombia no sólo se hiciera desde un punto de vista puramente asistencial y curativo, si no que se generaran estrategias no sólo para evitar su aparición y desarrollo, si no que en caso de presentarse, se pudiera detectar en un estado inicial o temprano; momento en el cual, según los especialistas, su intervención puede terminar en curación con una alta probabilidad, y costo efectividad para el sistema que tanto le preocupa al Gobierno.

Frente a los pacientes con cáncer ya avanzado, - como lo son la mayoría de los que se tratan en los centros médicos del país-, debido a la escasa oferta de programas coordinados para la prevención y detección precoz del cáncer, lo que la ley estipulaba era que se atendieran de manera prioritaria, y se generaran medidas para que su tratamiento se hiciera de una forma integral y más humanitaria. Es decir, procuraba una atención rápida, brindada por un especialista, y en una institución con experiencia en el manejo de la enfermedad. Que el paciente diagnosticado con cáncer fuera ágilmente remitido a un profesional con el entrenamiento adecuado, pero que además éste trabajara en una institución igualmente capacitada y dotada con todas las herramientas para proporcionar el tratamiento específico de una manera expedita.

La idea de la atención integral era que la misma clínica u hospital donde fuera remitido el enfermo, le proporcionara la terapia específica que requiriera, y no que el paciente - ya bien enfermo de por sí -, tuviera como lo hace hoy, que ir a un sitio para recibir radioterapia, a otro para la quimioterapia, y finalmente a otro para la cirugía. Claro, eso ajustándose a los tiempos, y a la disponibilidad de citas que les otorgue cada institución. Para dar un ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, el mejor capacitado para atender a este tipo de pacientes en el país, hay cirugías oncológicas programadas hasta dentro de 3 meses, pues simplemente el personal médico no da abasto. El INC, una respetada institución que justamente este 2009 cumple 75 años consagrados al tema del cáncer, con la objeción de esta ley, dicho sea de paso, pierde también una gran oportunidad de haber podido consolidarse y proyectarse como el gran centro referente especializado en cáncer del país, que de hecho lo es, aunque con grandes limitaciones.

Pero los pacientes con cáncer no sólo están al vaivén de la disponibilidad de citas y del ir y venir a distintos sitios para recibir su tratamiento, también son víctimas del tema contractual entre las aseguradoras y EPS y los centros de salud.

Así lo describe Eduardo Trujillo, un padre de familia de Neiva, desempleado y de estrato 2, en un foro de la página web de Caracol radio. Trujillo relata que su hija de 7 años sufre un ganglioma anaplásico, un tumor maligno del cerebro y que para ser atendida, la EPS Humana vivir le ha puesto “cualquier cantidad de trabas”. Le han exigido un copago de más de 100 mil pesos, y pese a que tiene una orden desde el 10 de diciembre para realizarle un examen, el pasado 16 de enero cuando fue a sacar la cita nuevamente, le dijeron en el Hospital de Neiva que ellos ya no tenían convenio con dicha EPS porque ésta hace mucho tiempo no hace los respectivos pagos. “¿Y de eso qué culpa tiene mi hija?” termina preguntando este padre.

Para el Gobierno la ley resulta inconstitucional pues atentaría contra el derecho a la igualdad al favorecer la atención de pacientes con cáncer frente a los que padecen otras enfermedades, pero lo cierto es que los pacientes de esta y todas las enfermedades de alto costo, tienen derecho a ser atendidos adecuadamente, de lo contrario, se estarían violando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. De allí que la senadora Dilian Francisca Toro, ponente del proyecto, diga que “no hay nada más constitucional que darle una atención integral en salud a alguien con cáncer, la segunda causa de mortalidad en nuestro país”. Finalmente, la Constitución está por encima de cualquier ley.

Pero parece que nada de esto cuenta para el Gobierno. El cáncer ya no será declarado enfermedad de interés en salud pública, ni prioridad nacional en salud, como lo indicaba la ley. En este caso, se favorecen otra vez las EPS e IPS privadas y su rentable negocio con la salud de los colombianos, que ya no tendrán que verse obligadas a invertir más y mejor en promoción y prevención de esta enfermedad ni en la estructuración de Unidades Funcionales para atención integral del cáncer.

Así, sin mucho que celebrar, los enfermos de cáncer del país ven pasar otro 4 de febrero, Día Internacional de la lucha contra el cáncer. Justamente este 2009 está consagrado a las víctimas infantiles de esta enfermedad que afecta a unos 160.000 menores en el mundo cada año, según el informe de la Unión Internacional contra el Cáncer, UIIC, y que recalca la importancia de las campañas para el diagnóstico precoz.

Otro reflejo
Nury Latorre es una paciente terminal de cáncer. Padece un cáncer de estómago diagnosticado hace más de tres años y que ya se ha diseminado a otras partes de su cuerpo. Cuando fue intervenida en la Clínica Palermo ya era tarde y sólo pudieron quitar parte del mal de manera paliativa. Desde entonces, Nury está viviendo horas extras y en este entre tanto, debe someterse a sesiones de quimioterapia para intentar frenar el avance de su enfermedad. Ella vive con sus padres en una humilde casita de un barrio bien al sur de la capital, más allá del cementerio del Apogeo. Es una paciente del sisben y la atienden en la IPS Previmedic, ubicada en la calle 76 con carrera 11. Como el contrato de esta IPS con la Clínica Palermo se terminó, ahora los servicios de hospitalización se los brindan en la Clínica San Diego, un centro de menor capacidad operativa. Cada vez que debe acudir a su quimioterapia tiene que salir a las cinco de la mañana a la autopista sur para tomar transporte público. Terminada la sesión, debe hacer el mismo largo recorrido hasta su casa, en bus, soportando las náuseas y el intenso mareo que le produce el tratamiento.

Nury no alcanza los 40 kilos de peso, su padre hace viajes en volqueta y su mamá, una amorosa y fuerte mujer, hace tamales en su casa para ayudar con los gastos. Ella es una gran devota del Señor de los Milagros de Buga, y para ella y su familia, la noticia de que se hubiera aprobado una ley que obligaba a los servicios de salud del país a prestarle atención integral y en un solo sitio era una muestra de los poderes del Milagroso. Ahora, la esperanza se ha esfumado y Nury como otros miles de colombianos de escasos recursos, deberá seguir atravesando en bus la gran ciudad para recibir su tratamiento, mientras llega su hora.

Foto:(SP Presidencia de la República)